Patricia Ibarra, presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales
Asegura que 13 miembros de estos profesionales tienen actualmente medidas de protección porque recibieron amenazas. Trabajamos en lo peor de la sociedad, explica.
«Ser fiscal también tiene un costo. Hoy sabemos que 13 fiscales en Chile mantienen medidas de protección, producto de amenazas vinculadas al ejercicio de sus funciones», dice Patricia Ibarra, presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, en un video de la cuenta de Instagram de ese organismo.
Cree que los parlamentarios deben entender que mejorar la lucha contra el crimen no sólo debe comprender aumentar las penas o entregar más plata a las policías. «Significa también entregar más herramientas, mejores condiciones, seguridad, recursos y respaldo institucional a quienes deben hacer cumplir esas leyes todos los días», asegura.
Fiscal Ibarra, ¿qué demuestra que 13 fiscales tengan medidas de protección por amenazas?
«Es súper grave. Es muy importante que esto no se normalice. No es algo que debemos dejar pasar. Obviamente las investigaciones siempre son secretas, con el mayor resguardo, pero hay una preocupación tanto del fiscal nacional como de nosotros como asociación. Hemos detectado no solamente estas situaciones graves de denuncias o de medidas de protección. El riesgo que corren los fiscales permanentemente en el ejercicio de la función es súper elevado».
¿Por qué?
«Dirigimos la investigación respecto de hechos que son delitos y de las personas que participan en esos hechos. Ha habido un aumento en la gravedad de los delitos que se cometen en nuestro país. Homicidios, secuestros, trata de personas, acceso a armas de fuego y otros. Entonces la violencia de esos grupos ha aumentado también. Los fiscales son el rostro del Estado frente a la delincuencia, porque buscamos reunir las pruebas, buscamos obtener sentencias, buscamos que los tribunales condenen. Es el trabajo de los fiscales el que logra esos resultados. Afortunadamente en Chile no hemos tenido casos de atentados, de homicidios, en contra de un fiscal, como ocurre en otros países de Latinoamérica, pero esta información, que está en conocimiento público, nos tiene que dar una señal de alerta para no estar relajados, ni tranquilos, sino que siempre pendientes de que no vaya a ocurrir algo mucho más grave».
Así como está la situación, ¿podría ocurrir?
«Hay un convenio de seguridad que se firmó entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría, para resguardar la seguridad de los intervinientes que van a las audiencias en los tribunales. Hicimos hace tres años una encuesta de seguridad con los fiscales de todo Chile, para ver dónde ellos veían más amenaza o mayor riesgo, y la respuesta mayoritaria fue justamente en los accesos a los tribunales, porque ahí es donde se juntan todos. Es el lugar más visible donde se representa la forma como funciona la justicia y si quisiera haber algún tipo de atentado, sería ese el lugar donde normalmente ocurriría. Entonces, nosotros lo que hemos pedido es que las medidas de ese convenio se cumplan efectivamente en cada tribunal, pero no siempre ocurre así. Por ejemplo, el convenio habla de accesos distintos para los fiscales o defensores y eso no ocurre, porque todos los abogados entran por la misma puerta donde entran los imputados, las víctimas, los familiares, etc».
¿Qué se hace cuando se trata de amenazas graves, provenientes del crimen organizado? ¿Se analiza, se ve si es creíble? ¿Quién determina que el fiscal debe tener protección?
«Cualquier amenaza que venga de una organización criminal siempre va a ser seria y siempre va a ser grave. Entonces, se deben tomar inmediatamente las medidas necesarias. Como asociación, siempre estamos en contacto con el jefe de la seguridad de la Fiscalía Nacional y cuando yo he tomado conocimiento de hechos de esta naturaleza, inmediatamente hablo con él y le pido que se adopten todas las medidas de seguridad necesarias. Muchas de estas amenazas no es que se hagan públicamente, sino que se han detectado a través de otras investigaciones en las que salta una alerta de personas que puedan estar organizándose para atacar a fiscales o también algunos jueces».
¿El fiscal amenazado siempre acepta las medidas de protección?
«Una persona, cuando es amenazada, a veces no le toma el peso inmediatamente a lo que está viviendo. He conversado personalmente como presidenta con los fiscales que han sido afectados, para explicarles, con una mirada desde fuera, la gravedad de los hechos. Ellos han entendido que sí, que hay que hacer la denuncia primero, porque un fiscal, por ejemplo, que es atacado afuera de un tribunal tiene que hacer la denuncia para que operen todos los mecanismos, y ahí van entendiendo que esto es por su rol de fiscal. No es por la persona en sí misma, sino porque está cumpliendo un rol muy importante para la seguridad del país».
¿Cómo afecta una amenaza? ¿El fiscal puede dudar sobre sus decisiones?
«No. O sea, podría tal vez tener miedo, pero el Estado tiene que garantizar que un fiscal nunca tenga que tomar una decisión por miedo. Como fiscales, tenemos un alto compromiso con la ciudadanía, con la justicia, y en la medida que nuestras instituciones funcionen y nos protejan, nunca vamos a actuar con miedo. Podemos darle la tranquilidad a la gente, que siempre vamos a actuar de manera correcta, independiente que estemos exponiendo nuestra propia vida».
Usted dice en el video que «necesitamos que la ciudadanía comprenda la realidad que enfrentan los fiscales». ¿Cómo se hace eso?
«Trabajamos en lo peor de la sociedad, en lo que nadie querría verse involucrado, y lo hacemos con un compromiso y una pasión que tenemos desde siempre, porque si no, ¿quién lo hace? O sea, ¿quién en definitiva va a velar porque la persona que cometió un delito grave cumpla una condena, sino los fiscales? Entender la importancia del rol que nosotros cumplimos para la seguridad del país es muy importante, es fundamental».
Muchas de estas amenazas se han detectado a través de otras investigaciones, Patricia Ibarra
