En cualquier trabajo, quien está al mando es a quien se le corta la cabeza, dijo Sara Concha (PSC)
Las diputadas Francesca Muñoz (Partido Social Cristiano), Sara Concha (Partido Social Cristiano), Gloria Naveillán (independiente) y Yovana Ahumada (exPDG) informaron que llevarán adelante una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. La decisión de las diputadas fue tomada luego de conocerse el informe de la Contraloría General de la República sobre la investigación del caso Convenios que arrojó que en 16 seremías del país ocurrieron irregularidades similares a las de la fundación Democracia Viva.
Antes del anuncio de las diputadas, el ministro fue consultado por una eventual acusación a lo que respondió: «Yo fui mucho tiempo parlamentario, me tocó vivir muchas acusaciones constitucionales, son parte de las instituciones que la democracia ha creado. Desde el punto de vista de lo que ha ocurrido con el caso Convenios, nosotros necesitamos tener oportunidad de explicar bien lo que ha ocurrido, porque se ha distorsionado mucho la realidad. Esto puede ser una oportunidad para explicar las cosas».
La decisión de acusación constitucional se da en medio de la discusión de Presupuesto 2024 y luego de que el ministro afirmara en varias ocasiones que no va a renunciar a su cargo. De todas maneras, para ingresar la acusación las diputadas tienen que reunir las diez firmas que se exigen para presentar el libelo acusatorio.
Razones
La diputada Yovana Ahumada (exPDG), una de las firmantes de la acusación constitucional, envió el 7 de junio un oficio al Ministerio de Vivienda para exigir más antecedentes del trato suscrito con Democracia Viva, nueve días antes que estallara la polémica a nivel nacional.
«Uno de los argumentos de la acusación tiene que ver con el abandono de deberes del ministro. Lo grave es que un ministro de una cartera tan importante como Vivienda no haya sido capaz de asumir el tremendo fraude que se está llevando a cabo desde que asume la cartera», argumentó Ahumada.
Desde Chile Vamos no cayó bien el anuncio. Aunque la UDI ha patrocinado acusaciones constitucionales contra cuatro ministros del Presidente Gabriel Boric, el jefe de bancada Guillermo Ramírez afirmó que su partido no apoyaría esta acción.
«La UDI no va a apoyar una acusación constitucional ni va a prestar ninguna firma. La razón es doble: la primera es porque nosotros desde hace muchos meses hemos tomado el camino de los tribunales, el camino penal; respecto a la responsabilidad política, en su momento veremos cómo la hacemos valer, pero presentar una acusación hoy podría dar la errada señal de que estamos buscando favorecer a alguna de las opciones del plebiscito», dijo el diputado.
Las dudas
Respecto a las dudas manifestadas desde Chile Vamos, Ahumada acusa que «ellos quieren resguardar que la acusación sea posterior al plebiscito, porque no quieren verse perjudicados con esto del a favor y en contra. Creo que acá debería haber un apoyo transversal. Quienes no apoyan estarían dando una mala señal a la corrupción».
La diputada Sara Concha (PSC) explicó que «en cualquier trabajo, quien está al mando es a quien se le corta la cabeza. Acá han decidido cortar por lo más fino y eso no lo vamos a tolerar. Vamos a anunciar una acusación constitucional anticorrupción, donde creemos que es importante levantar la voz por todos aquellos chilenos con los cuales se ha jugado el sueño de la casa propia, donde aquellos recursos que podrían ser para cumplir el sueño de muchos chilenos han sido destinados a las fundaciones de los amigos del Presidente».
Desde RN el diputado y jefe de bancada del partido, Frank Sauerbaum, aseguró no estar de acuerdo con que la acusación se realice antes de que la comisión investigadora termine de hacer el informe del caso. Asegura: «hasta ahora el ministro Montes, por lo menos, ha mostrado disposición a poder entregar toda la información y buscar la forma de que se esclarezca los hechos lo antes posible. Nosotros evaluamos su rol positivamente, pero eso depende de la comisión investigadora respecto de la eventual responsabilidad que él pueda tener».
